jueves, 7 de abril de 2011

la comunidad academica no puede caer en la trampa de rechazar la reforma sin discutirla



*Adolfo Polo Solano dice:
Estamos en presencia de una serie creciente de revueltas estudiantiles en las universidades públicas, producto de la presentación en sociedad de un proyecto de reforma universitaria que pretende modificar el marco jurídico de la educación superior en Colombia, previsto en la Ley 30 de 1992, con el sencillo argumento de que el país ha cambiado en los últimos 18 años de vigencia de esa ley, con lo que se ha cedido a las tentaciones reformistas en que incurren todos los gobiernos, dentro de la lógica de cambiar todo para que todo siga igual.
Pero, en verdad, esa propuesta de reforma no soluciona el problema de fondo de la educación superior en Colombia, ni la pública ni la privada, porque no propone un sistema de educación superior que fortalezca a la universidad en general y, al contrario, debilita la universidad pública, al someterla a la racionalidad rentable, pero perversa, de la inversión privada, y soslaya la obligación del Estado de mejorar decididamente su financiación, como sí se hizo con las Fuerzas Armadas.
Se equivoca el Gobierno si considera que a punta de inspección y vigilancia se hace fomento de la educación superior y que la calidad es simplemente una declaración de principios, desconociendo que se requieren más recursos y procesos modernos para alcanzarla.
Si ninguna de las universidades colombianas hoy clasifica entre las 200 mejores del mundo, es porque la educación superior ha tenido poca importancia en las prioridades políticas de los gobiernos, y ese argumento ahora no se puede utilizar para responsabilizar a las universidades de eso, ni para justificar una reforma que no propone soluciones estructurales y deja a la buena voluntad del capital privado el desarrollo de la educación superior del país.
 Por otro lado, que la universidad privada se proclame con ánimo de lucro no es otra cosa que aceptar oficialmente que en esta sociedad la educación es un simple negocio, donde el sector público estará cada vez más arrinconado por el capital privado, no porque el capital privado sea malo , sino por la lógica de los negocios.
Sin duda, seguimos mal copiando, por retazos, modelos de países que todavía no los han madurado del todo y cuya evaluación está aún en las entrañas del tiempo.
Pero, pese a todo, hay que reconocer que el proyecto de reforma en cuestión es una buena oportunidad para plantear un debate de fondo sobre el futuro de la educación superior y sobre la solidez de la universidad pública como un mecanismo de equidad en las pocas oportunidades gratuitas para educarse que existen hoy.
Por eso, los movimientos estudiantiles y profesorales y la comunidad académica en general no pueden caer en la trampa de rechazarla sin discutirla, y menos deslegitimar la oposición razonada e inteligente a esa propuesta con el uso de la violencia o el terrorismo, porque el lenguaje universitario es el diálogo, el debate de las ideas y el contraste de los argumentos. Pero el debate, si es serio y está encaminado a construir alternativas, debe conducir a reformulaciones o cambios de sentido de la política por implementar, si fuere necesario; de lo contrario, es una simple catarsis de los consensos o disensos que allí aparecen, pero, al final, como dijo la ministra, "va porque va".
La universidad pública ha demostrado durante los últimos años su capacidad institucional para aprender, pues logró rápidamente mejorar sus niveles de eficiencia en el gasto, de crecimiento cuantitativo y cualitativo, con unos recursos relativamente estancados o, realmente, muy por debajo de los mínimos necesarios para lograr los resultados conseguidos. Tienen la palabra las universidades.

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